El Tribunal Supremo griego anula la obligación de vacunar al personal sanitario

Por el PhD Michael Nevradakis

Actualizado: 25 de noviembre de 2022 20:30 CET

En una decisión que puede significar el final de una saga de 15 meses para los trabajadores sanitarios griegos no vacunados que han sido suspendidos sin sueldo desde el 1 de septiembre de 2021 debido a su elección de no recibir la vacuna COVID-19, el Consejo de Estado de Grecia -el más alto tribunal administrativo del país- dictaminó el jueves 24 de noviembre que la continuación del mandato de la vacuna para los trabajadores sanitarios en Grecia era inconstitucional.

En concreto, la decisión del tribunal cuestiona la prórroga del gobierno griego del mandato de vacunación, que entró en vigor el 1 de abril de 2022 y que debía permanecer en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.

La decisión sienta las bases para que los trabajadores suspendidos vuelvan a sus puestos de trabajo, aunque está por ver si el gobierno griego acata la decisión o encuentra algún medio de impugnarla o eludirla.

La decisión del Consejo de Estado

En la decisión 2332/2022, un panel de siete jueces del Consejo de Estado votó 6-1 a favor de la Asociación Nacional de Empleados de Hospitales Públicos (POEDHN), que había presentado el procedimiento judicial en nombre de los trabajadores médicos suspendidos, considerando que la prórroga del mandato de vacunación era inconstitucional.

La decisión del Consejo de Estado también anuló los procedimientos de contratación iniciados por el Ministerio de Sanidad griego el 14 de abril de 2022, sobre la base de la ley 4825/2021, de nuevo personal médico con contratos de duración determinada, presumiblemente para sustituir a los trabajadores suspendidos.

Según el texto de la decisión, publicado el jueves en la página web del Consejo de Estado, la vacunación obligatoria de algunas categorías de trabajadores es constitucional, pero existen límites a esta constitucionalidad reconocida. Según el tribunal, estos límites superan el «principio de proporcionalidad» en relación con la amenaza que se plantea:

«Como ya ha sido aceptado por el Consejo de Estado a través de una serie de decisiones, las medidas que se aplican para la protección de la salud pública contra el coronavirus COVID-19, incluida la vacunación obligatoria para algunas categorías de trabajadores .. pueden constituir, en efecto, una grave intervención en la práctica de derechos humanos fundamentales, como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de circulación y la intimidad. Se considera, sin embargo, una intervención constitucional si, entre otras cosas, estas medidas se aplican estrictamente durante el período de tiempo necesario y, en cualquier caso, hasta que se hayan desarrollado soluciones para responder a la pandemia. «La severidad y la duración de estas medidas, debido a su carácter temporal, deben ser examinadas periódicamente por las autoridades estatales competentes sobre la base de los datos epidemiológicos en curso y de los resultados científicos admisibles»

El Consejo de Estado, en su decisión, afirmó que el Estado griego no hizo esto en el caso de los trabajadores médicos suspendidos:

«En este caso concreto, cuando se dieron a conocer las decisiones en cuestión (el 31 de marzo de 2022 y el 14 de abril de 2022), había transcurrido un período de tiempo de más de ocho meses desde el momento en que se implementó el mandato de vacunación para los trabajadores médicos.»

«Se trata de una duración que, debido a la naturaleza de esta medida y a sus consecuencias, excede claramente una duración razonable, sin que se haya producido un reexamen de la medida sobre la base de datos científicos y epidemiológicos actualizados, del valor, la eficacia y las consecuencias de las vacunas contra el coronavirus, o de las tendencias pandémicas en curso.»

Por lo tanto, la prórroga impuesta por el Ministerio de Sanidad griego era inconstitucional según los mismos principios, dijo el Consejo de Estado:

«No se sabe sobre qué datos científicos concretos se tomó la decisión de trasladar la fecha de reexamen al 31 de diciembre de 2022, es decir, un plazo que, una vez más, excede lo razonable, si se tiene en cuenta que fue nueve meses después de la aprobación de la ley 4917/2022 [que prorrogó el mandato]»

El Consejo de Estado no sólo consideró que no se produjo un reexamen del mandato, sino que los datos habrían demostrado que los que se tenían en ese momento no lo justificaban:

«Ninguna prueba [en la documentación aportada al tribunal por el Ministerio de Sanidad griego] indica que se produjera tal valoración y evaluación formativa… en cualquier caso, las pruebas aportadas al tribunal no justifican la ampliación de los mandatos de vacunación»

Como informó el portal de noticias griego newsbomb.gr el jueves, la decisión del Consejo de Estado significa que, una vez que el tribunal publique la decisión final, los trabajadores médicos suspendidos tendrán la oportunidad de ser reincorporados a sus puestos si así lo solicitan.

Reacciones de los trabajadores médicos y los juristas tras la decisión del Consejo de Estado

En declaraciones a newsbomb.gr después de que el Consejo de Estado emitiera su decisión, Mihalis Giannakos, presidente de POEDHM, pidió al ministro de Sanidad griego, Thanos Plevris, que aplicara inmediatamente la decisión. Dijo:

«Esta es una victoria importante para la POEDHN y su postura moderada a favor de la vacunación pero en contra de las continuas suspensiones que no tenían ningún beneficio para la salud después de que se levantaran las restricciones»

«En base a esta decisión, mis compañeros deben volver inmediatamente a sus puestos de trabajo y deben recibir al menos el 50% de sus salarios a partir del 14 de abril de 2022».

«El Consejo de Estado estuvo a la altura de las circunstancias. Pedimos a la Ministra de Sanidad que ponga inmediatamente una orden para la aplicación de esta decisión.»

La Asociación de Profesionales de la Salud por la Democracia y la Libertad (SYDE), una de las principales organizaciones que coordinó las acciones de los trabajadores médicos suspendidos desde septiembre de 2001, emitió un comunicado de prensa tras la decisión del Consejo de Estado, estableciendo una conexión entre la suspensión de los trabajadores sanitarios no vacunados y los desafíos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud de Grecia, incluidos los esfuerzos por parte del gobierno actual para privatizarlo:

«La decisión del Consejo de Estado pone fin, por ahora, a la saga de los trabajadores sanitarios que han sido suspendidos durante 15 meses. Se emitió al mismo tiempo que se presenta al parlamento la legislación en relación con los hospitales y el estatus laboral del personal médico. Esta ley contiene todas las condiciones previas para la supresión definitiva del carácter público y social del Sistema Nacional de Salud.»

«Esta legislación que se presentará la próxima semana… que está firmada por casi todos los ministros del gobierno, constituye una prueba contundente de que nada de lo ocurrido en los últimos dos años en el contexto de la «gestión» de la pandemia tenía como objetivo proteger y preservar la salud pública»

La declaración de SYDE cuestionaba los datos epidemiológicos en los que el Ministerio de Sanidad griego afirmaba basar sus decisiones políticas, dando a entender que pretendían ocultar un gran número de muertes ocurridas en los hospitales públicos griegos, resultado, según SYDE, del actual «colapso» del Sistema Nacional de Salud griego:

«Queremos dejar claro que cualquier decisión que se tome sobre el futuro de los trabajadores médicos que se niegan a someterse a la ‘ciencia’ del Ministerio de Sanidad, no servirá para intentar desorientarnos o manipular a los ciudadanos con el objetivo de aplastar nuestros derechos laborales y los derechos de los ciudadanos a la asistencia sanitaria.»

«El Ministerio de Sanidad debe, de una vez, mostrarnos algún dato que demuestre los beneficios de la medida de suspender a los trabajadores médicos no vacunados.»

«Los datos epidemiológicos presentados por las autoridades de los últimos dos años… tenían como objetivo encubrir otras evidencias, que pertenecen al crecimiento explosivo de las muertes, por todas las causas, DENTRO de un Sistema Nacional de Salud que se está colapsando, como resultado de la política intencionada de disolución del sistema sanitario. Los «beneficios» que alegan los que han orquestado este colapso se están poniendo de manifiesto, confirmando el engaño que se esconde tras las medidas de «salud pública».»

En declaraciones a Children’s Health Defense Europe, Maria Bana, miembro de la junta directiva de SYDE y miembro del movimiento «Trabajadores Médicos contra los Mandatos», dijo:

«Ha sido una decisión muy importante. Queríamos tal decisión, pero no la esperábamos. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. La decisión habla de la inconstitucionalidad de la prórroga de la suspensión … y no de la inconstitucionalidad del mandato de la vacuna desde el principio, y habla de los datos epidemiológicos incompleto. No se presentaron los datos requeridos, violando el principio de proporcionalidad … en otras palabras, se puede imponer un mandato de este tipo, pero no se puede hacer indefinidamente.»

«Estamos a la espera de que la decisión del Consejo de Estado se publique y esté en nuestras manos, para revisar la base legal de la decisión y así poder determinar cómo vamos a proceder»

Según Bania, ella y los demás trabajadores médicos suspendidos han sido informados de que la decisión completa del Consejo de Estado se publicará la semana que viene, un plazo «extraordinariamente breve, teniendo en cuenta que normalmente las decisiones del Consejo de Estado tardan más de dos meses» en publicarse oficialmente.

Bania señaló que la publicación oficial de la decisión del Consejo de Estado en el primer recurso presentado por los trabajadores médicos suspendidos tardó nueve meses.

La abogada Maria Tsipra, con sede en Atenas, que representó con éxito a POEDHN en el procedimiento del Consejo de Estado, también hizo observaciones a CHD Europe tras la decisión del tribunal. Dijo:

«La decisión 2332/2022 del Consejo de Estado llega para poner fin al limbo que soportan cientos de trabajadores médicos, que durante más de un año han sido suspendidos sin sueldo por su negativa a vacunarse.»

«Cabe señalar que el Consejo de Estado, a través de una decisión anterior de su pleno, había dado al Ministerio de Sanidad la oportunidad de reexaminar la medida de suspensión, como ha sucedido en muchos otros países europeos a medida que la pandemia ha ido remitiendo. Pero, lamentablemente, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida. Esperamos que el gobierno aplique inmediatamente la decisión, llamando a los trabajadores médicos para que vuelvan a sus puestos de trabajo y para repoblar las filas del sistema de salud pública, que tanto se necesita»

Otro abogado de Atenas, Vasilis Papanikolaou, que ya había representado a 32 de los 38 trabajadores médicos que fueron detenidos en julio de 2022 por protestar frente a la residencia del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, publicó su reacción a la decisión en su página de Facebook, escribiendo:

«¡Una gran victoria para los trabajadores médicos suspendidos! El Consejo de Estado ha declarado inconstitucional la prórroga del 31 de marzo de 2022 de los mandatos de vacunación y las suspensiones. El gobierno de Mitsotakis-Plevris, y más ampliamente, Nueva Democracia [partido político gobernante en Grecia] y el PASOK [partido político de la oposición], que votaron a favor de esta prórroga, han quedado en evidencia.»

«La emisión de esta decisión exige inmediatamente que el Ministerio de Sanidad cumpla y reincorpore, a partir de mañana, a los trabajadores médicos y les proporcione sus salarios retenidos ilegalmente, al menos desde el 1 de abril de 2022 hasta el presente»

Lampros Tsapalis, un paramédico que, la semana pasada, había iniciado una huelga de hambre con otros dos trabajadores médicos suspendidos frente a la sede del Consejo de Estado en el centro de Atenas, hizo algunas declaraciones reveladoras a CHD Europe sobre los acontecimientos que se produjeron antes de la emisión de la decisión del tribunal. En declaraciones a CHD Europe dijo:

«Hoy, los huelguistas de hambre, tras el anuncio del Consejo de Estado de cancelar las suspensiones que habían mantenido a 7.000 familias como rehenes durante 15 meses, visitaron el Consejo de Estado una vez más y pidieron que la decisión se publicara inmediatamente. La respuesta que recibimos es que esto ocurrirá el lunes.»

«Ayer mantuvieron una reunión con el ministro de Sanidad con un diálogo muy intenso, siendo que el ministro de Sanidad se mantuvo inflexible en sus opiniones y, de hecho, hablaba de una nueva prórroga de las suspensiones hasta finales de marzo, aun sabiendo cómo iba a dictaminar el Consejo de Estado»

Tsapalis atribuyó a los continuos esfuerzos de los trabajadores sanitarios suspendidos el mérito de esta decisión del Consejo de Estado:

«Un factor crucial en todo esto fueron las constantes visitas de los huelguistas, a través de grupos de tres miembros, al tribunal, ejerciendo presión casi a diario con innumerables actualizaciones sobre cómo miles de familias estaban en peligro».

«Un ejemplo característico son los comentarios de jueces de alto rango que nos dijeron que no había pruebas que indicaran la necesidad de que esta medida [las suspensiones] continuara»

El gobierno griego podría tratar de eludir la decisión del Consejo de Estado, mientras que otros sostienen que el fallo es «demasiado poco y demasiado tarde«

Lo que no está claro es cómo reaccionará formalmente el gobierno griego, y en particular el Ministerio de Sanidad, a la decisión del Consejo de Estado y qué medidas se tomarán una vez que la decisión se publique formalmente tan pronto como la próxima semana.

Una perspectiva sostiene que la decisión del Consejo de Estado libera al gobierno griego de tener que tomar la iniciativa y tomar una decisión sobre este asunto, que se ha convertido en una «patata caliente» política

Retirar las suspensiones que el gobierno ha mantenido con firmeza durante 15 meses podría haber sido visto como una admisión de derrota para el gobierno, especialmente a la luz de las recientes declaraciones de Plevris de que las suspensiones fueron «una de las decisiones más correctas» tomadas por el actual gobierno desde que llegó al poder en 2019.

Cabe destacar que Plevris había sido elegido anteriormente bajo el mandato del partido político de extrema derecha LAOS (Agrupación Popular Ortodoxa) y no es médico.

Por otro lado, otros consideran que el Gobierno griego y el Ministerio de Sanidad tratarán de eludir la decisión basándose en tecnicismos o en una interpretación «creativa» de lo que dice la sentencia.

Un primer indicio del proceso de pensamiento del gobierno llegó en forma de un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Sanidad griego el jueves, poco después de que se anunciara la decisión del Consejo de Estado. El comunicado decía:

«La decisión de suspender a los trabajadores médicos no vacunados tenía como objetivo la protección de la salud de los ciudadanos y había sido inicialmente declarada constitucional por el Consejo de Estado.»

«Con su más reciente decisión 2332/22… el Consejo de Estado plantea cuestiones de inconstitucionalidad con respecto a la extensión de esta medida [las suspensiones]. Esperamos la publicación de la decisión para revisarla en su totalidad. Aseguramos a los ciudadanos que se tomarán todas las medidas necesarias para no poner en peligro la salud pública como consecuencia de la aplicación de esta decisión.»

En un informe publicado el jueves en Kathimerini, considerado el periódico de referencia de Grecia, se cita a funcionarios judiciales no identificados que afirman que las autoridades del Ministerio de Sanidad pueden «revisar» las suspensiones de los trabajadores médicos no vacunados y que, simplemente, al hacerlo, pueden cumplir los requisitos establecidos por la reciente decisión del Consejo de Estado.

Sin embargo, Kathimerini añade que cualquier respuesta por parte de las autoridades debe llegar inmediatamente una vez que se publique formalmente la decisión del Consejo de Estado.

No está claro, sin embargo, si las declaraciones atribuidas a estos «funcionarios judiciales no identificados» representan realmente la naturaleza de la decisión completa del tribunal que se publicará, especialmente a la luz de las declaraciones hechas por el Consejo de Estado en su anuncio de que, sobre la base de las pruebas que revisó, la extensión de las suspensiones de los trabajadores médicos no habría estado justificada.

En particular, como ya informó CHD Europe, no se ha suspendido a varios trabajadores médicos que habían recibido la serie inicial de vacunas contra el COVID-19 pero que no han sido «reforzados», ni se han emitido nuevos mandatos a tal efecto. La mayoría de las demás restricciones de COVID-19 en Grecia, incluidos los requisitos de vacunación de los empleados, no se han renovado.

La división griega de la Alianza Mundial por la Libertad, en una declaración enviada el viernes a CHD Europe, dijo que la decisión del Consejo de Estado es «demasiado pequeña, demasiado tarde» y da al gobierno griego un considerable margen de maniobra para eludir la decisión, mientras mantiene la «constitucionalidad» más amplia de los mandatos de vacunación. Escribieron:

«La World Freedom Alliance pide al gobierno griego que aplique inmediatamente la decisión del Consejo de Estado, que es ‘demasiado poco, demasiado tarde’.

«Aunque el texto completo de la decisión aún no está disponible, algunas conclusiones iniciales están claras. La decisión del Consejo de Estado ha llegado muy tarde y, en esencia, carece de ella, ya que no ha declarado ilegal e inconstitucional la medida del mandato de vacunación, sino sólo su ampliación.»

«Esta decisión valida indirectamente la posición inexcusable de que si una formulación médica, un acto médico, es declarado ‘seguro y eficaz’ entonces puede ser obligado. La Alianza Mundial por la Libertad sostiene que la libertad de elección personal no puede estar sujeta a ninguna declaración de emergencia ni a ninguna ‘revisión’, sino al principio del consentimiento informado.»

Aunque la Alianza Mundial por la Libertad de Grecia calificó la decisión del Consejo de Estado como deficiente, pide al gobierno griego que la aplique mediante la reincorporación de los trabajadores médicos suspendidos a sus puestos de trabajo. En concreto, la declaración dice:

«Aunque esta decisión sólo satisface una parte mínima de las demandas de los trabajadores médicos y de los luchadores por la libertad, en base a la decisión, la suspensión de los trabajadores médicos es ahora ilegal, y como tal, EXIGIMOS que se ponga en marcha su regreso INMEDIATO e INCONDICIONAL, que se anuncie un reconocimiento moral de esta decisión por parte del gobierno griego. Queremos también que el Estado emita un reembolso financiero completo por el período de tiempo que las suspensiones agotadoras, inhumanas e ilógicas estuvieron en vigor «

La AMF Grecia también describió la decisión del Consejo de Estado como de naturaleza política, proporcionando una especie de chaleco salvavidas a un gobierno griego asediado y al sistema político en el período previo a las próximas elecciones parlamentarias, que se celebrarán a más tardar en julio de 2023. Según la declaración de la AMF:

«Consideramos que la decisión del Consejo de Estado es totalmente inadecuada, ya que responde a las preocupaciones políticas a través del mantenimiento de la posición del «eje democrático» en el poder en las próximas elecciones, reforzando una creciente polarización política»

Una opinión similar expresó Tsapalis, quien expresó su desconfianza en la decisión del Consejo de Estado y afirmó que los tres trabajadores médicos suspendidos que están en huelga de hambre continuarán su acción. Dijo a CHD Europe:

«La decisión es claramente política. Por eso los huelguistas de hambre declaran que continuarán su lucha hasta que el primer trabajador médico suspendido sea reincorporado y vuelva al hospital a trabajar.»

Bania dijo a CHD Europe que circulan muchos rumores sobre cómo responderá formalmente el gobierno griego a la decisión del Consejo de Estado, incluso esquivándola por completo. Dijo:

«Hay muchos escenarios que ya han empezado a circular, que esta decisión fue política, que incluso puede ser obviada.»

«¿Qué podemos decir? Lo único que todavía no hemos visto aquí en Grecia son tanques en las calles»

Ante esta posibilidad, Bania hizo un llamamiento a los partidos políticos de la oposición griega para que den un paso al frente, incluso a estas alturas:

«Seguiremos luchando. Ejerceremos presión con los medios que tengamos. Pero no somos muchos y nuestra gente está agotada».

«Creo que los próximos pasos deben darlos los políticos, la oposición, ya que las suspensiones son una clara usurpación política… Creo que ahora es el momento de que el mundo político se posicione claramente en contra»

Tsipra explicó a CHD Europe cuáles podrían ser los siguientes pasos legales en caso de que el gobierno griego intente encontrar formas de evitar la aplicación de la decisión del Consejo de Estado. Dijo:

«Iniciaremos los procedimientos legales inmediatamente. Mi esperanza es que los trabajadores suspendidos sean reincorporados pronto».

«En caso de que el gobierno no cumpla, tendrá que enfrentarse a las demandas legales de estos trabajadores por la no ejecución de la decisión»

Los temores de que el gobierno griego no ejecute una decisión del alto tribunal no son infundados.

Uno de estos ejemplos fue proporcionado por Tsipra en sus declaraciones a CHD Europe, en relación con la no ejecución por parte del gobierno de una decisión previa del Consejo de Estado que exigía la formación de un comité ministerial que revisara y reexaminara las suspensiones de los trabajadores médicos no vacunados.

En otro ejemplo que afecta directamente al acceso del público a la información a través de un sistema de emisoras que operan bajo un conjunto de normas legales y reglamentarias, una serie de decisiones del Consejo de Estado en 2010 y 2011 determinó que la «legalidad temporal» perpetua de las emisoras de radio y televisión de Grecia, en su mayoría sin licencia y por lo tanto no totalmente reguladas, era inconstitucional, y que el funcionamiento continuado del organismo regulador de la radiodifusión de Grecia, con miembros cuyos mandatos legalmente especificados habían caducado, era también una violación de la Constitución.

No obstante, el organismo regulador siguió funcionando durante años con una lista de miembros cuyos mandatos habían caducado, mientras que casi todas las emisoras de radio y televisión de Grecia siguen sin licencia en la actualidad, operando todavía bajo diversas formas de «legalidad temporal» sin fin a la vista.

Sin embargo, como informó anteriormente «The Defender«, esto no impidió que el actual gobierno griego proporcionara 40 millones de euros (en aquel momento equivalentes a 43,6 millones de dólares) en subvenciones a los medios de comunicación griegos, incluidas esas emisoras, para que emitieran las medidas de salud pública relacionadas con el COVID-19.

Muchos en Grecia consideraron que esto era un medio, por parte del gobierno, para asegurar una cobertura positiva de sus medidas altamente restrictivas relacionadas con el COVID. El gobierno griego ha suscitado críticas por sus intentos de bloquear las solicitudes de libertad de información y las órdenes judiciales para dar a conocer los criterios en los que se basó para asignar estas subvenciones.

Confirmando el sentimiento de que los medios de comunicación griegos, al haber recibido estas subvenciones, evitan la cobertura crítica de las políticas de COVID-19 del gobierno, la noticia de la decisión del Consejo de Estado del jueves entró en el ciclo de noticias pero, en el espacio de unas pocas horas, casi había desaparecido.

Newsbomb.gr, por ejemplo, que es uno de los portales de noticias más leídos de Grecia, publicó la decisión del Consejo de Estado como noticia principal a las 16:30 horas del jueves. Sin embargo, a las 10 de la noche, la noticia ya no aparecía en su portada, sustituida por historias sobre celebridades griegas e internacionales y sobre lo que se debe y no se debe hacer en el yoga.

A pesar de las dificultades que todavía pueden tener los trabajadores médicos suspendidos y sus partidarios, la decisión del Consejo de Estado se considera una victoria significativa en sus esfuerzos por anular el mandato de vacunación del gobierno griego para los trabajadores médicos.

Papanikolaou, en su mensaje de Facebook, elogió a los trabajadores médicos suspendidos por continuar su lucha frente a la adversidad, escribiendo:

«El mérito de esta victoria corresponde, sobre todo, a quienes, durante 15 meses, resistieron el hambre, la miseria, el terror, la calumnia y el chantaje y libraron una batalla titánica que debería quedar consagrada con letras de oro en la historia del movimiento obrero griego y, más ampliamente, del movimiento en favor de la libertad y la democracia»

El comunicado de prensa de SYDE concluye con una declaración que indica que su lucha continuará:

«Seguiremos luchando por la democracia, por el diálogo, por el derecho a que el punto de vista contrario no sea ‘sofocado’. Seguiremos defendiendo los ideales de nuestro ámbito científico y la libertad, con una exigencia inquebrantable de ABOLICIÓN del MANDATO legal .

«Estaremos presentes en todas las batallas por la democracia y la libertad. Exigimos la aplicación inmediata de la decisión del Consejo de Estado, la reincorporación inmediata de nuestros colegas a sus puestos de trabajo, el reembolso inmediato y completo de todo lo que fue injustamente retenido. «¡Fuera de nuestras vidas, y Fuera del Sistema Nacional de Salud!»

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