Un Tribunal da a una región española 10 días para entregar los acuerdos secretos entre la UE y las farmacéuticas: ¿por qué y cómo?
Pruebas solicitadas en el marco de la demanda presentada por la asociación de derechos civiles Liberum y 549 ciudadanos baleares que se oponen a las medidas contra la pandemia.
El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) ha dado al gobierno de la comunidad autónoma española 10 días para que entregue, entre otros documentos, una copia de los contratos firmados con las empresas farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen para las vacunas contra el coronavirus.
Las pruebas se han solicitado en el marco de un recurso administrativo interpuesto por una asociación nacional de derechos civiles, Liberum, con el apoyo de 549 ciudadanos baleares. Liberum es conocida por su oposición a las medidas sanitarias introducidas durante la pandemia de coronavirus.
El 28 de julio, en su elegante sede de la capital regional de Palma de Mallorca, frente a un gran y antiguo olivo, el TSJB aceptó que los contratos de vacunas eran relevantes para el procedimiento. El máximo tribunal de la comunidad autónoma ordenó la aportación de los contratos como prueba, junto con copias de los estudios de eficacia de la vacunación y un informe sobre el número de heridos o muertos por las vacunas, que debía aportar el Consejo Interterritorial de Salud.
En cuanto a los contratos, el Tribunal exige conocer su valor, la existencia de cláusulas de indemnización por lesiones y «todas las cláusulas estipuladas en los mismos» Hasta donde sabemos, es la primera vez que un tribunal europeo, y de gran prestigio, realiza un requerimiento tan completo.
El equipo jurídico de Liberum está dirigido por un enérgico abogado madrileño, Luis María Pardo, de Pardo & Asociados. Pardo alega, en nombre de la asociación, que las medidas contra la pandemia, incluido el llamado pase covíd, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos (tal y como argumentó su humilde redactor en EUobserver el pasado mes de abril)
Los contratos de las administraciones con las empresas farmacéuticas, como bien público con implicaciones en la salud de los ciudadanos, deberían estar sujetos a control judicial, alega Pardo. Por ello, la confidencialidad contractual supone una violación de los derechos de los ciudadanos y una vulneración del principio de legalidad. Cuando se produzca, el TSJB evaluará las pruebas antes de tomar una decisión sobre la demanda de fondo de Liberum.
El Gobierno balear se había opuesto a la admisión de estas pruebas y podría presentar un recurso ante la misma sala, aunque Pardo lo ve poco probable. «Si Palma, representada por la Consejería de Sanidad, recurre la decisión del Tribunal, ¿se van a volver los jueces en contra de los 549 demandantes y decir: ‘pensándolo bien, en este caso, los contratos no importan’? Lo dudo, así que no merece la pena el tiempo del Estado», dijo a SCALED por teléfono. De hecho, el plazo normal para presentar un recurso ya ha expirado, sin que Pardo haya recibido notificación alguna.
Otra cuestión es que los contratos de vacunas no fueron firmados por el gobierno regional, ni necesariamente por Madrid, sino por la Comisión Europea en nombre de todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluida España. ¿Tiene un tribunal regional de un afamado destino vacacional la suficiente influencia como para conseguir unos documentos que el Estado puede argumentar que están en manos de la Comisión en Bruselas? Pardo cree que sí.
«Es el máximo tribunal de una región que goza de gran autonomía, por lo que es comparable a un tribunal federal de un país como Alemania. Además, una de las partes enfrentadas es la Consejería de Sanidad. Deben obedecer la orden del TSJB. Si no lo hace, como organismo regional que entra de lleno en la jurisdicción del Tribunal, el Departamento se arriesga a enormes multas o incluso a una redada policial en sus instalaciones»
Pardo admite que el Estado alegando incapacidad de cumplimiento sigue siendo una posibilidad. Sin embargo, tal es la disposición a la batalla y la imaginación de este abogado, que parece poco probable que esto sea un obstáculo para su ambición de promover la causa de la libertad.
SCALED continuará siguiendo este intrigante caso.
Publicado originalmente en SCALED .
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